Esta semana, tras una subida histórica de los precios de la luz, decía Mariano Rajoy que no nos preocupáramos, que habían anunciado que iba a llover, y que la lluvia iba a traer una bajada en el precio de la luz.  También esta semana el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se preparaba para dar su informe favorable y “condicionado” a la reapertura de la central nuclear de Garoña.


Sea como sea, para muchos será un gran alivio tener la esperanza de que vengan lluvias, y con ellas, podamos poner la calefacción sin arruinarnos, ahora que estamos en plena ola de frío. Porque ya lo dijo el presidente: "La subida es preocupante, sí, pero no todo en esta vida y en este mundo depende del Gobierno"“el precio depende del mercado”. 

Y digo yo, ¿el informe del CSN de este miércoles sobre Garoña depende del gobierno o depende del mercado? Para situarnos un poco más, el cuerpo técnico del CSN ha trasladado al pleno del CSN este miércoles un informe que podría permitir a Nuclenor (osea a Iberdrola y a Endesa) reabrir Garoña hasta los 60 años. Garoña es la nuclear más vieja de Europa, lleva 4 años parada y nadie ha echado de menos la electricidad que producía, en torno a un 1% de la generada en total en España.
Tampoco nos engañemos, igual que todos sabemos que el informe del CSN va a ser favorable a la reapertura, también sabemos que Garoña muy posiblemente nunca volverá a abrir. Y no lo hará porque se trata de un informe condicionado, porque el Ministerio sólo podrá dar un autorización para “no reabrir”, al menos hasta que se resuelvan todas las “condiciones” que  está obligado a poner, y porque Nuclenor ha demostrado que no está interesada en hacer las inversiones para garantizar la seguridad. Hasta el presidente de Iberdrola manifestó ya su nulo interés en reabrir la obsoleta Garoña, por el riesgo económico que entraña. 

Entonces, ¿por qué ese empeño en decir que Garoña puede funcionar 17 años más? Y ¿cómo afecta esto a nuestros bolsillos?

Lo primero, el informe del CSN no significa que Garoña vaya a volver a producir electricidad. Ahora el pleno del CSN deberá debatir el informe, y reafirmar o no la resolución positiva. Como el pleno del CSN está compuesto por mayoría de miembros designados por el PP, con un presidente a la cabeza que fue el Secretario de Estado que revocó el cierre de Garoña, su apuesta por alargar la vida de las nucleares es segura. Si a esto le sumamos el giro vertiginoso, y en todas direcciones, de las puertas giratorias, el resultado de su decisión no será una sorpresa para nadie. Y a partir de ahí será el Ministerio de Energía quien pueda dar la autorización definitiva a Nuclenor, que decidirá si le conviene abrir la planta. 

La decisión sobre Garoña es clave, porque sería un precedente para que el resto de centrales nucleares de España intenten alargar su vida hasta los 60 años. Por no hablar de que las eléctricas podrían reclamar indemnizaciones millonarias, a pagar por la ciudadanía, claro, si por ejemplo un futuro gobierno ordenara cerrar la planta. 

Las centrales nucleares, como todo lo que forma parte del actual sistema energético en España, son un auténtico chollo para sus propietarias (mayoritariamente Iberdrola y Endesa), las mismas empresas que se frotan las manos con la subida de la luz. Estas compañías se forran con la energía nuclear, al igual que con el resto de energías contaminantes, porque ellas se llevan los beneficios, y la sociedad paga los costes, económicos, y ambientales. 

Las nucleares son un chollo para las eléctricas tanto como una ruina para la sociedad. Las eléctricas las tienen como una fábrica de dinero, puesto que, una vez construidas y amortizadas (como ocurre con todas las centrales españolas), les cuesta poco hacerlas funcionar y les dan grandes ingresos. Les cuesta poco porque muchos de los costes reales no los pagan las eléctricas sino que quedan “externalizados” (no tienen que suscribir un seguro que cubra ni de lejos la totalidad de los daños en caso de accidente, no se hacen cargo de las consecuencias ambientales de sus vertidos radiactivos rutinarios, traspasan a la sociedad la mayoría de los costes de “gestión” de sus residuos radiactivos….)
Solo entre 2005 y 2015 los beneficios netos de las propietarias de las nucleares superaron los 72.000 millones de euros, mientras que el fondo disponible para la financiación de la gestión de SUS residuos nucleares y el desmantelamiento de SUS centrales no alcanza el 30%. Y a cambio, las nucleares producen grandes ingresos, porque las mismas eléctricas que las poseen dominan el mercado eléctrico, y consiguen que siempre alguna de sus centrales (sean de gas o de carbón, e incluso hidráulicas) sea la que determine el precio que han de cobrar: beneficios “caídos del cielo”. Todo esto es así porque la normativa lo permite. Y la normativa es responsabilidad del gobierno.

Mientras tanto, el Ministro de Energía, Álvaro Nadal nos advierte de que hay que apretarse el cinturón, a la vez que echa flores al partido en el gobierno al afirmar que el PP es el único gobierno que ha actuado contra la nuclear y la hidroeléctrica, habiendo hecho todo lo contrario. Eso sí, dejando claro que el planteamiento del gobierno es dejar la normativa como está. 

Está claro que siempre hay algo en común a todas las decisiones del sistema energético español, desde Garoña a la subida de la luz: las eléctricas ganan, y la ciudadanía paga. 

Esperamos que algún día de verdad se ponga freno a los denominados “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas, y dejemos de echar la culpa a la lluvia. La solución está en el cielo sí, pero en el sol y en el viento.